 BOGOTA (AFP) - La historia de Marilú Ramírez, acusada de introducirse en la Escuela Superior de Guerra como espía de la guerrilla de las FARC, sumó un nuevo capítulo a los escándalos por la infiltración de grupos armados y mafiosos en las fuerzas armadas de Colombia revelada este año. La mujer, de 40 años, logró ser admitida en un restringido curso de seguridad nacional para generales y tuvo acceso a locaciones militares pero no a información privilegiada que ponga en riesgo la seguridad estatal, afirmó el ministro de Defensa Juan Manuel Santos este viernes.
La captura de Ramírez --detenida en octubre junto a otros cinco sospechosos de integrar una red urbana de las FARC en Bogotá-- es fruto de las tareas de contrainteligencia, destacó.
"Ella vulneró el sistema de selección de la Escuela Superior de Guerra, pero hay que aclarar que fue el mismo trabajo de la inteligencia militar el que permitió dar con su paradero", manifestó por su parte el comandante de las Fuerzas Militares, Fredy Padilla.
Las investigaciones para depurar a las fuerzas armadas ya habían detectado una red que trabajaba en el comando del Ejército para el capo del narcotráfico Diego Montoya (capturado hace dos meses), lo que llevó a la detención de 20 personas.
Otra investigación, aún en curso, involucró al contralmirante Gabriel Arango de la Armada (marina de guerra) con el suministro de mapas a narcotraficantes con la ubicación de buques colombianos, de Estados Unidos y Gran Bretaña que realizan incautaciones de droga en el mar Caribe.
"Lo que tenemos que resaltar es que está presa y tenemos toda la información sobre ella y ya la descubrimos", subrayó Santos ante la avalancha de revelaciones de prensa sobre el caso de Ramírez, que no sería el único en que las FARC han recurrido a mujeres para conocer los secretos de los generales.
Al menos otras cuatro damas, todas con perfil de ejecutivas y de carácter simpático, fueron infiltradas en círculos militares, sostuvo el viernes el diario El Tiempo, citando fuentes de inteligencia que no especificó.
Al igual que Ramírez, la mayoría de ellas provenían del departamento de Caquetá (sureste), región donde la guerrilla tiene amplia influencia y donde están las selvas del Caguán, que a fines de los 90 sirvieron de escenario a un diálogo con los rebeldes.
La información que terminó en la captura de Ramírez estaba en un computador que se encontró a mediados de año tras el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), en el departamento de Meta (centro-este), y que según los militares pertenecía al jefe rebelde Carlos Antonio Lozada.
La familia de la detenida aseguró que se trata de un malentendido, y que ella había entrado en contacto con Lozada pues escribía un libro sobre la guerrilla colombiana. Ramírez trabajó antes como funcionaria del estatal Instituto Penitenciario del país.
"Vamos a ver cuál es resultado de las investigaciones y en qué instancias hubo fallas y las responsabilidades que tuvo la institución", indicó el ministro Santos. Según las pesquisas preliminares "ella sólo tuvo acceso a lugares, pero no a información", dijo. |